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#ÍNTAG en estado de #excepción‏ (Vía @PactoPorLaVida-Boletín) @cedhu @inredh1

Esta mañana, en rueda de prensa, en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, líderes comunitarios de INTAG y representantes de INREDH, informaron sobre el estado de excepción que vive la población en la comunidad de Intag.

Según Gloria Chicaiza, representante de Acción Ecológica, se han hecho visitas al lugar para verificar varias denuncias de instigación a la población, propia y extraña, de la zona. “Lamentamos que en Junín se haya instaurado un estado de intimidación y miedo, impidiendo la libre circulación de las personas, y en especial de la comisión conformada por delegados de organizaciones ambientales y de derechos humanos para este caso”.

Gabriela León, abogada de la CEDHU, mencionó que esta es una acción desproporcionada de la fuerza pública (la permanencia de más de 200 elementos policiales en la región). “Estamos viviendo un estado de excepción, una situación de facto, pues se restringen las libertades que tiene todo ser humano; por lo tanto, denunciamos a este Estado de fuerza”.

Polivio Pérez, representante de la población afectada de INTAG, comentó que “se ha recurrido al uso de la fuerza pública para invadir nuestro territorio, con más de 200 policías, quienes ingresaron el pasado jueves 8 de mayo. Se han instaurado y están construyendo UPCs sin respeto a nadie, por lo que los responsabilizó de todo lo que suceda”. Añade que la gente se siente presionada, que la fuerza policial obstaculiza la circulación, y denuncia que “esta persecución e intimidación es un sistema oficial de amedrentamiento, con el objetivo de conseguir la aceptación del proyecto; sin embargo, seguiremos defendiendo nuestro territorio” dijo el dirigente.

La oposición de Pérez y los pobladores de las 11 comunidades que abarca el proyecto minero en Junín, se debe a la existencia de un estudio de impacto ambiental, EIA, realizado por la Agencia Japonesa de Corporación Internacional hace más de una década, y en el que “se constata que entre los daños estarían la desertificación de suelo, salida de la población, escases de agua en los ríos; la contaminación de las aguas y de tierra, entre otras, sin que las autoridades actuales, tanto del Ministerio del Ambiente y la empresa estatal ENAMI-EP (asociada con CODELCOse pronuncien sobre la existencia de algún EIA”, dijo Pérez.

Sobre la situación de Javier Ramírez, líder comunitario de la zona, que con prisión preventiva bajo cargos de “Rebelión y Sabotaje” fue detenido en la ciudad de Ibarra, mencionó Pérez que se negó el recurso interpuesto por la defensa, porque a criterio del juez “sería un mal ejemplo si son levantadas las medidas cautelares”, según dice Pérez.

Para el jurista Juan Auz, “se han violentado disposiciones constitucionales e internacionales, ya que no ha existido una consulta previa, libre e informada. Además, con la prohibición del libre ingreso a INTAG se violenta el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, y en este caso afectando el nivel turístico de la zona; sin embargo, no ocurre lo mismo con los representantes de la ENAMI que circulan libremente”.

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