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Pronunciamiento del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina sobre la situación del compañero Javier Ramírez (#INTAG) (Vía #OCMAL) #IntagLibre

Por favor difundir el siguiente comunicado:

Señor presidente de la República del Ecuador

Eco. Rafael Correa Delgado

rafael.correa@presidencia.gob.ec

Señor presidente:

 

Hemos sido informados sobre la situación en que se encuentra nuestro compañero Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, defensor de la vida y la naturaleza y acusado injustamente a causa de su liderazgo en procesos comunitarios que defienden las fuentes de agua amenazadas por actividades mineras a gran escala en la zona de Intag.

 

Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza nos preocupa que esto ocurra en un país como Ecuador, que ha ratificado múltiples tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de quienes son sus defensores; que tiene una Constitución que establece el derecho fundamental al agua, garantiza la soberanía alimentaria, reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.

 

Más aún, la Asamblea Constituyente de 2008 otorgó amnistías a cientos de personas defensoras de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres de nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así también, que “algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos (segundo considerando)

 

El proyecto minero en Llurimagua,  que utilizará grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes, es sin duda un enorme riesgo para los ecosistemas y comunidades de Intag. Es por ello que consideramos legítimo que se defienda la naturaleza, apelando a sus derechos constitucionales, y se reaccione también legítimamente frente a las amenazas de destrucción que este tipo de proyectos mineros conllevan.

Sabemos por experiencia que los proyectos mineros van en la dirección opuesta del buen vivir y no deberían tener cabida en un país como Ecuador, que apuesta a mejorar las condiciones de vida y sus comunidades y la naturaleza.

 

Vemos con profunda preocupación que se vulnere el derecho a la resistenciacontra proyectos de minería industrial, como el que se pretende implementar en Intag, afectando los sistemas de agua que alimentan ecosistemas formados por ríos y esteros necesarios para la vida. No podemos aceptar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana se traduzca en acciones represivas que terminan criminalizando a quienes defienden la naturaleza y los derechos de las comunidades.

 

Condenamos la detención sin fundamentos legítimos de nuestro compañero Javier Ramírez y exigimos se respete el derecho a luchar por un medio ambiente libre de extractivismo depredador, empobrecedor y destructor de la naturaleza, y se le ponga de inmediato en libertad.

 

Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y la naturaleza,  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Organismos de las Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar esto en cuenta y pronunciarse sobre la insólita detención del compañero Javier Ramírez.

 

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

                                                      

OCMAL (somos más de 40 organizaciones en la región)

17 de abril de 2014

CC:

Dr Andrés Segovia

Secretario de la Asamblea Nacional

andres.segovia@asambleanacional.gob.ec

info@asambleanacional.gob.ec

Dr. Galo Chiriboga

Fiscal General

galo.chiriboga@fiscalia.gob.ec

Dr. José Serrano

Ministro del Interior

jose.serrano@ministeriodelinterior.gob.ec

Dra. Johanna Pesántez

Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

pesantesj@minjusticia.gob.ec

Dr. Ramiro Ribadeneira

Defensor del Pueblo

rrivadeneira@dpe.gob.ec

Dr. Carlos Ramírez

Presidente de la Corte Nacional de Justicia

cramirez@cortenacional.gob.ec

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“Allanamientos políticos” – por Juan Cuvi (articulo opinión)

A propósito del allanamiento a la oficina del Asambleista Clever Jimenez y a la casa de su asesor Fernando Villavicencio con absoluta ilegalidad y violencia, reproducimos este artículo de opinión de Juan Cuvi publicado en El Comercio el día Viernes 3 de enero de 2014.

Foto de Diario Hoy

Foto de Diario Hoy

Que un Gobierno ejecute allanamientos políticos es un mal síntoma. Estas medidas nos retrotraen a épocas oscuras y siniestras de la historia (sobre todo latinoamericana), a excesos y brutalidades que suponíamos superados. El allanamiento con visos políticos ha sido, desde siempre, un recurso predilecto de dictaduras y gobiernos autoritarios. Hipócritamente revestido de formalismos legales, como en tiempos de Febres Cordero, o abiertamente ilícito, como en las dictaduras militares del Cono Sur, expresa una forma muy particular de concebir y manejar el poder. Neutraliza, amedrenta y, en última instancia, aterroriza a la sociedad. Que un Gobierno autorice allanamientos políticos escudados en la oscuridad y desolación de la madrugada, y mediante un despliegue inusitado de fuerza, es un síntoma grave. Implica un golpe de sorpresa digno de escenarios bélicos, jamás civiles. Es la desproporción policial, el asalto, el abordaje, la irrupción violenta, la invasión de la intimidad; refleja la renuncia a todo procedimiento jurídico ecuánime y a toda acción política democrática. Son las reminiscencias de los Estados policiales del siglo pasado, los procedimientos encubiertos por la noche y la niebla con que se pretendía ocultar, a los ojos de la población, los actos represivos del Régimen de turno. Que un Presidente de la República declare olímpicamente que conoce algunos contenidos de una investigación fiscal -que se supone reservada- es un síntoma peligroso, porque desborda toda racionalidad institucional. Corrobora la sensación de indefensión que nos invade cada día, y refrenda las advertencias respecto de un proyecto totalitario que se estaría fraguando. Evidencia el silencio cómplice que desborda a funcionarios públicos, asambleístas y jueces incapaces de salir por sus fueros. Desnuda el talante de quienes en otras épocas habrían puesto el grito en el cielo por hechos menores. Resume la verdadera naturaleza humana de quienes algún día fungieron (o fingieron) de defensores de los derechos humanos, y hoy se apoltronan en las penumbras del poder. Las versiones oficiales en el caso de los allanamientos a las viviendas de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez son, por decir lo menos, deleznables. Tanto la del Gobierno como la de la Fiscalía. ¿De qué “acto urgente” estamos hablando? ¿Qué delito estaban cometiendo o iban a cometer los implicados que justificara una reacción inminente de parte de las autoridades? ¿Por qué hacerlo en días previos a un feriado inusualmente largo? Contrariamente a lo previsto por el oficialismo, este acto de fuerza terminará por dar mayor crédito a las explicaciones de los dos afectados antes que a las acusaciones en su contra. La suspicacia de la gente tiene ojos para ver detrás de la niebla .

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/juan_cuvi/Opinion-Juan_Cuvi-Allanamientos_0_1059494103.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com